Mazatlán, Sinaloa.– La vigilancia para combatir la pesca furtiva en Sinaloa está enfrentando una reducción significativa en su cobertura al pasar de 12 a solo 3 bocabarras supervisadas debido a la falta de recursos federales, señaló Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico.
El líder del sector explicó que, actualmente, las labores de inspección se concentran únicamente en tres puntos estratégicos del estado, dos de ellos atendidos por su organización y uno más en la zona de Topolobampo con apoyo del gobierno estatal.
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¿Por qué se redujo la vigilancia en bocabarras?
Lizárraga Manjarrez detalló que, en administraciones anteriores, existía un esquema con financiamiento federal que permitía cubrir las 12 bocabarras del estado. Es decir, los canales naturales que conducen a alguna laguna o estero, consideradas zonas clave por su alta productividad y riesgo de pesca ilegal. Sin embargo, ante la falta de ese recurso, la vigilancia se ha limitado a solo tres puntos.
Ahorita, por falta de recursos nada más, y con el apoyo de Gobierno del Estado, se realiza en tres bocabarras en el estado de Sinaloa: dos por parte nuestra, de nuestra organización, y una por otro compañero del área de Topolobampo, pero por lo menos se vigila en estas zonas, pero sí tenemos experiencia en inspección y vigilancia en administración de gobiernos anteriores, donde se aplicaba un recurso para este tema, dijo.
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¿Qué impacto tiene esta reducción en la pesca ilegal?
El dirigente pesquero señaló que, pese a la cobertura limitada, en las zonas donde sí hay vigilancia se ha logrado inhibir la pesca furtiva, particularmente de camarón, lo que ha favorecido la reproducción de la especie.
Lizárraga Manjarrez indicó que estos puntos suelen ser los más conflictivos y productivos, por lo que su monitoreo resulta clave para proteger los ciclos biológicos durante la veda.
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¿Quién realiza actualmente la vigilancia?
Las acciones se llevan a cabo mediante un esquema coordinado entre el Gobierno del Estado, autoridades federales y el propio sector pesquero, que aporta embarcaciones y personal para los recorridos.
En el caso de Mazatlán, estas labores forman parte de los esfuerzos impulsados a través del Comité de Inspección y Vigilancia, con apoyo también del Gobierno Municipal en tareas terrestres.
¿Qué retos enfrenta el sistema de vigilancia?
El principal desafío, advirtió, es la falta de recursos para ampliar la cobertura y atender todas las bocabarras del estado, lo que deja zonas vulnerables a la pesca ilegal.
A pesar de ello, el sector pesquero mantiene su participación en los operativos, apoyando con los recursos y experiencia disponibles.
