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Guasave, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Guasave no entrará en controversias con la defensa legal de la familia del profesor e investigador Píndaro Álvarez Ruiz, quien falleció tras caer en un socavón en la calle Juan Carrasco, y se mantendrá en disposición de aportar cualquier prueba que sea requerida por la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación.
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¿Quién compartió esta declaración?
Así lo manifestó el director jurídico del municipio, Daniel Hibraim López Armenta, luego de que los abogados de la familia señalaran que la versión inicial proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable no coincide con las pruebas que han presentado.
El funcionario indicó que no corresponde al Ayuntamiento intervenir en la integración de la carpeta ni entrar en debate sobre las declaraciones de la representación legal de la familia, al precisar que hasta el momento no existe una imputación formal contra el municipio ni contra algún funcionario.
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Lo que sí se ha hecho es cooperar en absolutamente todas las solicitudes que se han hecho por parte de la Fiscalía General del Estado para la integración misma de la carpeta”, expresó.
¿Quiénes llevan a cabo la investigación?
López Armenta señaló que será la autoridad ministerial la encargada de reunir los elementos necesarios para deslindar responsabilidades y advirtió que no es momento de adelantar escenarios sobre posibles responsabilidades administrativas o personales.
¿Qué postura asumen sobre la reparación del daño?
En cuanto a una eventual reparación del daño, aclaró que el Ayuntamiento mantiene la postura de que ésta sólo puede proceder una vez que exista una resolución que determine responsabilidades.
Precisó que desde el primer momento la administración municipal ha brindado apoyo económico de carácter humanitario a la viuda del investigador y, derivado de que ella manifestó que el académico era el principal sustento del hogar, también se le ofreció una oportunidad laboral.
No estamos en posición de dar una reparación del daño porque no se ha resuelto que exista una responsabilidad para reparar el daño; es dinero público y tendría que justificarse legalmente”, sostuvo.
El director jurídico insistió en que el municipio no caerá en especulaciones y continuará atendiendo cualquier requerimiento que emitan las autoridades encargadas de la investigación.
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