Los Mochis, Sinaloa. –La regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas de nivel básico y medio superior, aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, ahora pasará a la etapa de implementación por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).
La reforma establece la regla general en la ley, pero será la SEPyC la encargada de diseñar, en un plazo de 120 días naturales, el protocolo que permitirá aterrizar la medida en los planteles educativos, respetando siempre el interés superior de la niñez y contemplando excepciones para actividades pedagógicas y situaciones de emergencia.
¿Significa esto que los estudiantes ya no podrán llevar celular a la escuela?
De acuerdo con el diputado local Holincer Castro Marañón, promovente de la iniciativa e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la intención nunca fue prohibir que los alumnos porten un teléfono, sino regular su utilización mientras se desarrollan las actividades escolares.
La intención de esta iniciativa fue la regulación del uso de celulares en el interior de las aulas y en el interior de las escuelas. En el dictamen, obviamente no hay una prohibición, es la regulación con el propósito meramente pedagógico, con el propósito de que los niños se acerquen a la convivencia, a la interacción y también particularmente porque se han hecho. Pues referencia mucho al ciberbullying, al ciberacoso que que se da dentro de las escuelas a través del uso de las tecnologías”, explicó el legislador.
Castro Marañón precisó que muchos padres de familia entregan un teléfono a sus hijos por motivos de seguridad, comunicación o por cuestiones laborales, una situación que la reforma reconoce y respeta.
El legislador señaló que el problema no radica en portar el dispositivo, sino en el uso constante durante las clases, cuando los estudiantes dejan de prestar atención, recurren excesivamente a las pantallas o utilizan herramientas tecnológicas sin fines educativos.
¿Quién decidirá cómo se aplicará la regulación dentro de cada salón de clases?
Será una responsabilidad de la SEPyC, quien deberá elaborar un protocolo con reglas claras para maestros, directivos y padres de familia, definiendo tiempos, procedimientos y criterios para el uso de los dispositivos dentro de las escuelas.
El paso uno del poder legislativo es reformar la ley. De ahí tiene que hacer la Secretaría de Educación pública un protocolo, o sea, un manual, donde ya vengan esas reglas de operación, donde ya se plasme el cómo se va a realizar ese tipo de cosas. le corresponderá a la Secretaría de Educación Pública, hacer todo ese análisis, ese diagnóstico, ya la presidenta de la República inició una campaña nacional donde se van a hacer foros de consulta, donde se va a escuchar a la base, donde se va a escuchar a las maestras, a los maestros, a las madres, a los padres de familia, y de ahí tiene que salir un buen producto, que la importancia de todo esto es proteger la integridad de las niñas y de los niños”, puntualizó.
La legislación establece que durante las clases el uso del celular estará limitado y solamente podrá autorizarse cuando tenga un propósito pedagógico o se trate de una emergencia personal, siempre con autorización expresa del docente o del directivo.
Además, el diputado aclaró que la iniciativa contempla excepciones importantes, por ejemplo, cuando un estudiante necesite realizar alguna grabación para documentar un acto de violencia o una situación que vulnere su integridad o la de algún compañero.
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¿Recaerá toda la responsabilidad en los maestros para controlar el uso de los celulares?
Castro Marañón consideró que no debe toda la responsabilidad recaer en los maestros para controlar el uso de los celulares, pues insistió en que el protocolo también deberá respaldar al personal docente y establecer la corresponsabilidad de madres, padres y tutores.
El legislador recordó que actualmente los docentes enfrentan grupos numerosos, en algunos casos de hasta 50 alumnos, lo que hace complicado asumir por sí solos la vigilancia permanente del uso de estos dispositivos.
Asimismo, destacó que la regulación responde también a preocupaciones relacionadas con la salud mental y visual de niñas, niños y adolescentes, así como al incremento de casos de ciberacoso, difusión de contenido ofensivo, violencia digital y otros riesgos derivados del uso inadecuado de redes sociales.
Castro Marañón informó que la reforma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. A partir de ese momento comenzará a correr el plazo de 120 días para que la SEPyC presente el protocolo correspondiente.
Finalmente, el diputado reconoció el respaldo de las distintas fuerzas políticas que participaron en la construcción del dictamen, al señalar que el consenso alcanzado permitió aprobar una iniciativa que busca privilegiar el bienestar de la comunidad estudiantil sin restringir el acceso a un medio de comunicación que hoy forma parte de la vida cotidiana de las familias sinaloenses.
