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Guasave, Sinaloa.- A un año y medio de la muerte del doctor Píndaro Álvarez Ruiz, quien perdiera la vida tras caer con su vehículo en un socavón ubicado sobre la calle Juan Carrasco, en Guasave, sus familiares y asesores legales dieron a conocer nuevos avances en el caso, entre ellos una recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

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¿Qué informaron los abogados sobre el caso?

Durante una conferencia, se informó que la recomendación 16/2026, emitida el pasado 30 de julio y notificada al Ayuntamiento de Guasave el 11 de agosto, determinó responsabilidades relacionadas con la actuación de autoridades municipales ante la existencia y atención del socavón.

De acuerdo con José Antonio Rubio Cervantes, asesor legal de la familia en el caso, la resolución contempla el reconocimiento del doctor Píndaro Álvarez Ruiz y de su esposa, Karina, como víctimas; además de la reparación integral del daño por las violaciones a derechos humanos acreditadas.

¿Qué implicaciones podría tener esta recomendación?

La recomendación también plantea iniciar procedimientos administrativos para determinar la posible responsabilidad de funcionarios que, por acción u omisión, tuvieron participación en la atención de la problemática.

La recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue en el sentido de determinar la responsabilidad de las autoridades municipales por no haber atendido en su momento lo que debieron de haber hecho con respecto a la existencia del socavón. Curiosamente, hace unos días se cumplió un año de la existencia”.

Entre los servidores públicos señalados se encuentran el secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, el director del Instituto Municipal de Protección Civil, el director general de Obras y Servicios Públicos y la gerencia general de Jumapag.

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¿Qué determinó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?

Los representantes legales señalaron que la CEDH determinó que existieron omisiones de autoridades municipales relacionadas con la atención del socavón y estableció medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Entre las acciones solicitadas también se encuentra establecer una coordinación institucional para atender este tipo de eventos, así como impartir capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos involucrados.

¿El Ayuntamiento aceptó la recomendación?

Los asesores informaron que el Ayuntamiento de Guasave decidió no aceptar la recomendación, determinación que fue notificada a la familia el pasado 24 de agosto.

Según señalaron, la negativa no habría sido acompañada de una explicación que fundamente y motive las razones por las cuales la autoridad municipal decidió rechazarla.

Los representantes de la familia consideraron que esta postura podría generar consecuencias, entre ellas que la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos dé vista al Congreso del Estado de Sinaloa para que se analice la negativa y se determine lo conducente.

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¿Qué pasa con la investigación de la Fiscalía?

Los abogados explicaron que la carpeta de investigación continúa abierta y ha registrado avances mediante la incorporación de datos de prueba, tanto por parte de la Fiscalía como de los asesores de la familia.

Indicaron que se encuentran próximos a solicitar que la carpeta sea judicializada, con el objetivo de que un juez de control determine lo correspondiente y sean llamados quienes pudieran resultar responsables.

Precisaron que la recomendación de Derechos Humanos y la investigación penal son procedimientos distintos, aunque la resolución de la CEDH representa, a consideración de los asesores, un avance importante dentro del caso.

¿Se ha solicitado una indemnización de un millón de pesos?

Los abogados rechazaron las versiones que señalan que la familia o su representación legal hayan solicitado al Ayuntamiento una indemnización de un millón de pesos.

Aseguraron que nunca se ha establecido una cantidad específica y que, pese a que se había planteado la posibilidad de dialogar sobre una reparación del daño, no ha existido hasta el momento un acercamiento formal por parte del Ayuntamiento.

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¿Qué han señalado los familiares?

Karina, esposa del doctor Píndaro Álvarez Ruiz, manifestó su decepción por la respuesta de las autoridades y aseguró que continuará con el proceso hasta obtener justicia.

Me da tristeza una vez más corroborar esa forma que tienen de gobernar las autoridades, que en teoría, tendrían que estar para cuidar, proteger y velar por los derechos de los ciudadanos”.

Durante el encuentro también se dio lectura a una carta escrita por el padre del doctor Píndaro, Píndaro Álvarez Grave, quien recordó la trayectoria profesional y personal de su hijo y sostuvo que su muerte fue consecuencia de una presunta negligencia relacionada con las condiciones en las que se encontraba el socavón.

Los asesores insistieron en que no buscan que el caso quede en el olvido y que continuarán aportando elementos a la investigación para que se determinen responsabilidades.

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando el socavón ubicado en la calle Juan Carrasco permaneció abierto durante meses y posteriormente ocurrió el accidente en el que el doctor Píndaro Álvarez Ruiz resultó gravemente lesionado y perdió la vida. La resolución de Derechos Humanos y el avance de la carpeta ante la Fiscalía abren ahora una nueva etapa en la búsqueda de responsabilidades por estos hechos.

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