Culiacán, Sinaloa.- La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que hasta el momento no cuenta con información sobre la realización de nuevos traslados de personas privadas de la libertad (PPL) desde los centros penitenciarios del estado, al señalar que ese tipo de operativos corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública.
La mandataria indicó que el traslado de 20 internos del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, hacia el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 17, en Michoacán, fue un tema abordado durante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad y cuya información ya fue difundida por las autoridades competentes.
Se comunicó en la Mesa de Seguridad, ya se publicó también en las páginas sobre este traslado de reos. Eso ya es trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública; ya me estará informando en su debido tiempo si se van a hacer más traslados”.
¿Qué dijo sobre posibles nuevos traslados?
Bonilla Valverde explicó que la definición de este tipo de operativos corresponde a las autoridades de seguridad, por lo que será la Secretaría de Seguridad Pública la que determine e informe, en su momento, si habrá nuevas reubicaciones de personas privadas de la libertad en la entidad.
¿Cómo se realizó el traslado de los internos?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el operativo se llevó a cabo el pasado 1 de agosto, por instrucciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal (OADPRS), con el apoyo del Grupo Interinstitucional y la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Las 20 personas privadas de la libertad fueron trasladadas vía aérea del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, al Centro Federal de Reinserción Social No. 17, en Michoacán, debido a que enfrentan procesos o cumplen sentencias por delitos del fuero federal.
¿Cuál fue el objetivo del operativo?
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el traslado forma parte de la estrategia para fortalecer la seguridad y la operatividad del sistema penitenciario, mediante la reubicación de personas privadas de la libertad sujetas a procesos o sentencias por delitos del fuero federal hacia centros administrados por la Federación.
