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Culiacán, Sinaloa.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como la de Salud del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen que contempla la expedición de la Ley de Voluntad Anticipada de Sinaloa y reformas a la Ley del Notariado, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas con enfermedades terminales a recibir una muerte natural, sin prolongar su agonía mediante tratamientos médicos.

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¿Qué establece la propuesta?

La propuesta establece que el diagnóstico de una enfermedad incurable e irreversible en fase terminal deberá estar respaldado por pruebas objetivas, contar con la certificación del médico tratante y ser ratificado por un segundo especialista. Esta información deberá quedar asentada en el expediente clínico del paciente.

De acuerdo con el dictamen, el documento de voluntad anticipada tendrá que expresar la decisión del interesado de manera personal, libre, consciente, informada e inequívoca, además de formalizarse por escrito ante un notario público.

Entre los aspectos que podrá incluir se encuentran los valores y objetivos personales del paciente, las indicaciones sobre los tratamientos médicos que desea recibir o rechazar, así como las instrucciones para evitar procedimientos desproporcionados que prolonguen artificialmente la vida o retrasen el proceso natural de la muerte.

aprueban dictamen de ley de voluntad anticipada

Aprueban dictamen de Ley de Voluntad Anticipada.

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También deberá contener el nombramiento de un representante encargado de vigilar que se cumpla lo establecido, además de precisar si existe disposición para donar órganos susceptibles de trasplante.

¿El documento se podrá modificar?

El documento podrá modificarse posteriormente, siempre que se cumplan las mismas formalidades previstas para su elaboración. Su registro estará a cargo del notario público, quien tendrá un plazo máximo de tres días para notificarlo a las autoridades sanitarias.

La legislación contempla procedimientos especiales para personas que hablen alguna lengua indígena, tengan discapacidad auditiva o visual, o no sepan leer ni escribir, a fin de garantizar que puedan expresar su voluntad.

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Asimismo, establece que únicamente el propio paciente podrá revocar el documento. Cuando se encuentre imposibilitado para elaborarlo y firmarlo, podrán hacerlo familiares como su cónyuge o concubina o concubino, hermanos mayores de edad, hijos mayores o nietos mayores de edad.

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