Detienen al presunto feminicida de Christian Ziboney, mujer ejecutada en Alturas del Sur, Culiacán; ambos eran agentes de la GN y pareja

Culiacán, Sinaloa.- Tras el asesinato de la abogada penalista, María de los Ángeles Ávila Partida, ocurrido el miércoles 4 de noviembre en la avenida Carlos Canseco de Mazatlán, la gobernadora Graciela Domínguez Nava aseguró que diariamente se revisa la estrategia de seguridad para reforzar las acciones y garantizar la tranquilidad de la población.

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La mandataria estatal lamentó el homicidio de la litigante, de 48 años, quien participó en la defensa jurídica de Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán.

¿Qué dijo sobre el reforzamiento de la seguridad?

Domínguez Nava señaló que las autoridades mantienen una revisión constante de las acciones de seguridad, aunque aclaró que las corporaciones no comparten públicamente los detalles de sus estrategias operativas.

Queremos garantías para toda la población, independientemente de qué sector sean; toda muerte nos duele y queremos que esto termine. En ese sentido, decirle a los abogados y a todos que todos los días se trabaja, todos los días se está revisando cómo se puede reforzar la estrategia, porque sin duda lo que queremos es que nadie esté sometido a esta presión y miedo y muerte”, expresó.

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¿Quiénes participan en las acciones para recuperar la tranquilidad?

La gobernadora indicó que existe un compromiso conjunto entre el Gobierno de Sinaloa, la Federación y los municipios que enfrentan problemas de violencia, además de destacar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en las calles.

Asimismo, sostuvo que la recuperación de la seguridad requiere la participación de distintos sectores sociales, por lo que su administración ha mantenido diálogos con representantes de diferentes actividades para sumar esfuerzos desde sus respectivos ámbitos.

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Finalmente, señaló que Sinaloa también debe trabajar en mejorar su percepción pública, al considerar que la entidad cuenta con riqueza cultural, académica y natural que debe ser reconocida, sin que el Gobierno estatal deje de asumir su responsabilidad en materia de seguridad.

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