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Culiacán, Sinaloa. – El Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, y el propio Gerardo Vargas Landeros sí fueron notificados de la resolución del proyecto que se dictaminó en el Acuerdo 80, del 2 de mayo del 2025 que derivó en su desafuero y la posterior separación del cargo como presidente municipal, confirmó la diputada María Teresa Guerra Ochoa.
¿Cuál fue la explicación técnica de la diputada Tere Guerra respecto de este tema?
Esto luego de que se diera a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el proyecto elaborado por un Magistrado, con el que se busca la restitución de Vargas Landeros a la alcaldía de Ahome.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, explicó qué, de acuerdo con la Controversia Constitucional, el argumento que busca la restitución de Vargas se emitió porque en la fecha señalada para la discusión, el Congreso no convocó al Ayuntamiento a la sesión donde se aprobó el desafuero y la separación del cargo como alcalde.
Sin embargo, Guerra Ochoa advirtió que el Legislativo cuenta con un documento con fecha del 29 de abril del 2025 con sello de recibido del Ayuntamiento de Ahome, en donde efectivamente se notifica a la persona involucrada, en este caso Gerardo Octavio Vargas Landeros en su calidad de presidente municipal. Con ello, sostuvo que, desde el Congreso, todo el procedimiento se llevó a cabo conforme la ley lo determina, por lo que no debe de quedar duda que este nuevo recurso promovido por el equipo legal de GVL no procederá
“En esencia lo que se plantea en la Controversia es que más allá de la notificación que él recibió, faltaba la notificación al Cabildo. Queremos decir que el 29 de abril se hizo la notificación, hay un documento oficial, ese documento cuenta con sello del municipio de Ahome, fue recibida en el Ayuntamiento y está firmado por personal del Ayuntamiento, de tal manera que no sólo fue notificado Gerardo Vargas sino fue notificado él, en su condición de autoridad y representante total de Cabildo”, comunicó.
¿Por qué se había determinado discutir el tema?
Guerra Ochoa comentó que básicamente se trató de la falta de observación de estos documentos, ya que inicialmente, fue una ministra diferente quien contaba con la documentación correspondiente, mientras que el Magistrado Arístides Rodrigo Guerrero García no contaba con los oficios mencionados, y ese fue el motivo por el que la discusión se aplazó, porque se entiende que ya hubo un cruce de información entre ambos magistrados.
“El Congreso había presentado un recurso de reclamación en contra de la admisión, mismo que tiene otra Ministra ponente, (la Ministra María Esthela Ríos González) y entonces no se habían concatenado los documentos que el Congreso había presentado. El Ministro poniente de este recurso no tenía a la vista lo que se había adjuntado en el recurso de reclamación y hoy sí, ahí se cruzaron”, subrayó.
¿Qué fue lo que se notificó al Congreso de Sinaloa en este respecto?
El Congreso de Sinaloa ya contaba con la notificación sobre la Controversia Constitucional promovida por un Magistrado, en torno a la restitución de Gerardo Octavio Vargas Landeros a la presidencia municipal de Ahome, Sinaloa, confirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa, afirmó que el Poder Legislativo estatal ya fue notificado sobre la situación, es decir, que el caso estaba enlistado para su discusión, aunque posteriormente se determinó aplazar su análisis.
¿Qué pasó con la discusión programada para este martes 3 de marzo?
La controversia constitucional relacionada con la posible restitución de Gerardo Octavio Vargas Landeros en la presidencia municipal de Ahome fue pospuesta este martes del orden del día de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a que el caso estaba programado para discutirse y votarse.
La controversia constitucional 206/2025 fue promovida por el municipio de Ahome para impugnar el acuerdo del Congreso del Estado de Sinaloa mediante el cual se aprobó la declaratoria de procedencia solicitada por la Fiscalía estatal para iniciar un proceso penal contra el entonces alcalde, lo que derivó en su separación del cargo.
El proyecto argumenta que el procedimiento legislativo habría presentado irregularidades, particularmente en la forma en que se convocó al Ayuntamiento durante el proceso. Sin embargo, el asunto finalmente no fue discutido durante la sesión prevista para este martes, luego de que fuera pospuesto en el orden del día del máximo tribunal del país.
