Mazatlán, Sinaloa.– La inconformidad que presentó un consejero de la Universidad Autónoma de Sinaloa a los párrafos tercero y cuarto del artículo 3, y al artículo 51 fracción 8 y el Artículo 59, será de manera provisional y el Congreso del Estado será respetuoso al procedimiento, así lo destacó el diputado y presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez.
Indicó que el tiempo dirá cuál será la resolución final del juzgado que lleva el procedimiento, y ante dicha situación, los diputados locales sabrán qué medidas tomar en caso de que favorezca o no a la reforma de la Ley Superior del Estado de Sinaloa, pero mientras tanto, la consulta a la comunidad estudiantil universitaria seguirá su rumbo con el fin saber la postura si quieren o no que las universidades tengan democracia y mejor transparencia de sus recursos públicos.
“Tendrá que correr el tiempo de los procesos que marque el proceso jurisdiccional, del cual nosotros como Congreso vamos a ser sumamente respetuoso, nuestro actuar va a estar pegado al marco normativo y estado de derecho, y que corran los procesos, están en todo su derecho, tanto los consejeros como la universidad de llevar a cabo los procedimientos jurisdiccionales que consideren”, comentó.
El diputado estuvo acompañado de las diputadas Verónica Bátiz, Rita Fierro y Rosario Sarabia, quienes externaron su posición y coincidieron que las universidades, incluyendo la UAS, se deben dedicar a la academia, a la ciencia, y ninguna discusión de elemento político abona al asunto, asegurando que el único tema a tratar es el fortalecimiento de las mismas sin dañar las autonomías.
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Aunado a las posturas, Madrid Pérez recalcó que las universidades sí pueden ser auditadas por todos los entes fiscalizadores al recibir dinero público para su funcionamiento, añadiendo que tanto la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado, pueden revisar qué es lo que se está gastando dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que todo se basa en el origen de los recursos público.
“El recurso que llega de la Federación lo auditará la Auditoría Superior de la Federación, pero el recurso estatal, los ingresos propios deben tener una naturaleza de fiscalización en lo estatal…que la naturaleza del recurso marque la instancia fiscalizadora, es todo”, puntualizó el diputado.
Los diputados concluyeron que la reforma a la Ley de Educación Superior no es un traje a la medida para la UAS, sino para todas aquellas universidades que requieren apegarse a la democracia y a la transparencia, por lo que resaltaron que dicha ley está en vigor desde el 15 de febrero a pesar de los recursos jurídicos que puedan imponer las academias.
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