
Culiacán, Sin.- Del total de servidores públicos obligados a presentar su Declaración Patrimonial en Sinaloa se tuvo un nivel de cumplimiento muy alto comparado con el año pasado, hasta ahorita el 84 por ciento de avance, en donde 61 mil 61 mil 992 servidores públicos ya cumplieron, informó la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado.
María Guadalupe Ramírez Zepeda explicó que el total de sujetos obligados eran 74 mil 192 y 12 mil 200 los que todavía se observan que no han cerrado ese ciclo de declaración y que podrían ser sujetos a sanciones.
“Es importante saber que aun cuando un gran porcentaje de los servidores públicos que tienen que cumplir siempre hay cierto rezago o no sé si algunos pueden caer en omisiones, pero en general los que no cumplen tiene que ver muchas veces con la falta o de acceso a la tecnología o asesoramiento de que no tienen las condiciones adecuadas, como podrían ser los maestros rurales o los médicos que están en latitudes que todos sabemos que no está tan mal. Pero sí hay sanciones”, comentó.
Una vez terminada la etapa de la declaración, la autoridad inicia una investigación y un procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas para aquellos que no la presentaron, y aunque la ley marca que se puede justificar el no presentarla, es importante que se realice la investigación para determinar si la justificación es válida.
“Entonces nosotros tenemos un nivel de cumplimiento que podríamos decir que los que tienen más dificultad, personas que no tienen acceso fácil y que en este momento son aproximadamente 9 mil, que son el 12 por ciento de ese 16 por ciento que todavía no cumple”, dijo.


Reiteró que no habrá prórrogas para presentarlas y que el sentido fundamental de este procedimiento es revisar esas declaraciones, se hace de manera aleatoria y otras sí dirigidas en los que ejercen los recursos públicos para ver cómo declararon anteriormente y cómo ha evolucionado su patrimonio, y esas revisiones tienen la intención de que nos dé claridad de sí “de pronto ya aparecieron nuevos ricos por ahí que queremos que no suceda eso”.
Actualmente, existen 20 procedimientos abiertos al mismo número de personas que el año pasado no cumplieron y que ahora están en investigación con posibles responsabilidades administrativas, incluso amonestaciones o en los casos más extremos inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por algún tiempo determinado.
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