Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cuya lista aparece Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien el gobierno estadounidense relaciona con el Cártel de Sinaloa (CDS).
Durante su conferencia ‘mañanera’ de este 30 de septiembre, la mandataria federal explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza sus propias revisiones y que la existencia de irregularidades en cuentas bancarias no implica, por sí misma, un vínculo con algún grupo delictivo.
Sheinbaum recordó que la UIF emitió un posicionamiento relacionado con el caso de dos bancos y una casa de bolsa que fueron señalados hace unos meses por el Departamento del Tesoro estadounidense.
“Ayer salió una nota de la UIF diciendo, que fue lo mismo, con el caso de los dos bancos y la casa de bolsa que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro. En este caso es de OFAC”, respondió en Palacio Nacional.
La presidenta sostuvo que, de acuerdo con la información de la UIF, no se encontraron elementos que acreditaran una relación entre esas instituciones financieras y algún grupo delictivo.
“No hubo, no hay ninguna prueba de vínculo, o no hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto de delincuencia”, apuntó.
“¿La UIF qué dice? ¿Se notificó? Se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo. Eso es lo que dice la UIF”, añadió.
De acuerdo con la explicación de Sheinbaum Pardo, cuando la UIF identifica irregularidades puede solicitar medidas como el congelamiento o la suspensión de cuentas, además de requerir información a las instituciones bancarias. Sin embargo, aclaró que estas acciones no necesariamente derivan en una denuncia penal.
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¿Cuándo puede intervenir la Fiscalía?
La jefa del Ejecutivo detalló que el congelamiento de una cuenta no significa automáticamente que exista una investigación penal contra su titular. También señaló que las personas afectadas pueden acudir ante la propia UIF para presentar aclaraciones.
“Si la UIF considera, cuando revisa una cuenta que le salen sus investigaciones que no es regular, puede hacer un congelamiento de cuentas, una suspensión de las cuentas, solicitar las bancas. No necesariamente presenta denuncia penal, sino incluso la persona a la que se congela sus cuentas tiene la oportunidad de ir a la UIF a aclarar”, destacó.
Insistió en que las revisiones de la UIF deben distinguir entre la detección de irregularidades financieras y la existencia de elementos que permitan establecer un vínculo con actividades delictivas.
“Este es el origen, aquí está, no hay nada ilegal. Entonces, la UIF no encontró, en varios de los casos que se presentan por la UIF, sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía”, agregó.
Por último señaló que algunas de las personas cuyos recursos fueron congelados ya contaban con carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía, aunque precisó que esa situación no se presenta en todos los casos.
“Algunas de estas personas que ayer se congelaron sus cuentas ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos”, puntualizó.
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¿Qué dijo la UIF sobre los señalamiento del Departamento del Tesoro?
A través de un comunicado publicado el miércoles pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó una revisión de la información disponible en México después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 46 personas y empresas, entre ellas 21 personas físicas y 25 morales.
A partir de ese análisis, la UIF detectó en algunos de los sujetos señalados movimientos considerados de riesgo, así como irregularidades que habían sido reportadas previamente por instituciones financieras mexicanas. Estos hallazgos llevaron a la autoridad a aplicar medidas preventivas dentro del sistema financiero nacional.
Como resultado de la revisión, las 46 personas y empresas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Hacienda explicó que esta medida tiene un carácter administrativo y preventivo, y busca evitar posibles riesgos para la operación del sistema financiero mexicano mientras se analiza la información disponible.
La dependencia también aclaró que el bloqueo no equivale a una declaración de culpabilidad ni determina, por sí mismo, que los incluidos hayan cometido algún delito.
“La inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC”, indicó la dependencia.
Además, las personas y empresas afectadas pueden recurrir a los mecanismos establecidos por la legislación mexicana para defenderse de la medida. Entre ellos se encuentra la garantía de audiencia y la posibilidad de presentar recursos tanto ante autoridades administrativas como ante instancias jurisdiccionales.
Con ello, la SHCP precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva derivada de la revisión financiera y de los señalamientos de OFAC, pero no representa por sí sola una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los sujetos incluidos.
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