La propuesta de presupuesto para 2026 presentada por el Gobierno Federal contempla un aumento del 5.9% para el sector salud, equivalente a 53 mil 500 millones de pesos adicionales respecto al año anterior.
Sin embargo, este incremento no se distribuye de manera equitativa entre las instituciones, y deja al país todavía lejos de cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de destinar al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para lograr la cobertura sanitaria universal.
El mayor beneficiado será el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que recibirá un aumento del 11.7% en su presupuesto, mientras que el programa IMSS-Bienestar tendrá un incremento marginal del 0.8%. En contraste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sufrirá una reducción del 3.6%, y la Secretaría de Salud verá recortado su presupuesto en 2 mil 228 millones de pesos, lo que representa una baja del 3.2%.
Este ajuste presupuestal ha generado preocupación entre especialistas en salud pública, quienes señalan que el modelo actual sigue privilegiando a la población con seguridad social, mientras que los sectores más vulnerables —aquellos sin afiliación al IMSS o ISSSTE— continúan recibiendo una proporción menor del gasto total.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 7 de cada 10 pesos del presupuesto para salud se destinan a instituciones que atienden a derechohabientes, mientras que solo 3 de cada 10 pesos van a programas que atienden a población sin seguridad social.
Además, el presupuesto contempla una reorganización administrativa que implica la fusión o eliminación de varios programas clave.
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La Secretaría de Salud pasará de 27 a 16 programas; el ISSSTE, de 29 a 17; y el IMSS, de 20 a 16. Entre los programas que podrían desaparecer se encuentran iniciativas de prevención de obesidad, VIH, diabetes y vigilancia epidemiológica, los cuales serían absorbidos por un nuevo esquema llamado “Prevención y Control de Enfermedades”.
Aunque el discurso oficial sostiene que se trata de una estrategia para compactar funciones y mejorar la eficiencia, expertos advierten que esta medida podría traducirse en una menor capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y en una pérdida de enfoque especializado en enfermedades crónicas.
Por otro lado, el programa Salud Casa por Casa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibirá un aumento del 93%, lo que refleja una apuesta por la atención comunitaria y preventiva. Sin embargo, este esfuerzo aún no compensa los recortes en otras áreas críticas del sistema.
La brecha entre lo que México invierte en salud y lo que recomienda la OMS sigue siendo significativa. Actualmente, el país destina apenas 2.5% del PIB a este rubro, una cifra que se ha mantenido estancada por más de una década. Para alcanzar el estándar internacional, sería necesario triplicar la inversión actual.
En este contexto, el presupuesto 2026 plantea un dilema: aunque hay un aumento global en el sector salud, la redistribución interna y los recortes a instituciones clave podrían limitar el impacto positivo esperado. La discusión en el Congreso será crucial para definir si se ajustan las partidas y se prioriza una cobertura más equitativa.
Con información de Latinus y Universal
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