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El Senado de la República aprobó este 15 de octubre la reforma a la Ley de Amparo, una de las más controvertidas del actual periodo legislativo. Con 83 votos a favor y 38 en contra en lo general, y 81 a favor y 37 en contra en lo particular, la minuta fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación. La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista, busca limitar la suspensión de actos de autoridad cuando se trate de leyes con efectos generales.

¿Qué cambia con la reforma?

Se restringe la posibilidad de que jueces otorguen suspensiones con efectos generales en juicios de amparo, es decir, que beneficien a personas ajenas al caso.

Se impide el uso del amparo para frenar cobros de créditos fiscales, una práctica que, según los legisladores oficialistas, ha sido utilizada por grandes empresas para evadir responsabilidades tributarias.

Se incorpora la digitalización del juicio de amparo, permitiendo su tramitación en línea, lo que fue uno de los pocos puntos respaldados por todos los grupos parlamentarios.

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Debate y posturas

La reforma fue respaldada por Morena, PT y PVEM, quienes argumentaron que busca evitar abusos del poder económico y fortalecer la soberanía legislativa.

La oposición —PAN, PRI, PRD y MC— votó en contra, al considerar que la reforma representa un retroceso en la protección de derechos humanos y debilita el control constitucional sobre el poder público.

Organizaciones civiles y juristas han advertido que la medida podría limitar la defensa colectiva frente a leyes inconstitucionales.

La reforma a la Ley de Amparo marca un punto de inflexión en la relación entre el Poder Judicial y el Legislativo. Mientras el oficialismo celebra un avance contra los privilegios fiscales, la oposición y sectores académicos alertan sobre los riesgos que esta modificación representa para el acceso a la justicia y la defensa de derechos fundamentales.

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