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Ciudad de México.- A partir de este sábado 11 de abril comenzará a aplicarse una modificación constitucional que establece nuevos límites a las jubilaciones y pensiones dentro del sector público. La reforma, que modifica al artículo 127 de la Constitución, busca regular cuánto pueden percibir las personas servidoras públicas.
De acuerdo con los cambios, se establece que nadie podrá recibir ingresos iguales o superiores a los de su jefe inmediato, con algunas excepciones. Estas incluyen casos en los que el ingreso adicional provenga de más de un empleo, funciones técnicas especializadas o condiciones laborales específicas.
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¿Cuál es el tope máximo permitido?
El decreto precisa con claridad el límite que deberán respetar las percepciones.
“La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, se indica en el documento difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esto implica que, incluso sumando distintas fuentes de ingreso dentro del servicio público, existe un tope máximo que no puede superarse.
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¿Quiénes quedan fuera de esta medida y qué pasará con las pensiones actuales?
No todos los casos estarán sujetos a esta nueva disposición. La reforma excluye a las fuerzas armadas, así como a las pensiones generadas mediante aportaciones voluntarias en cuentas individuales o en esquemas complementarios, incluidas aquellas provenientes de contribuciones sindicales.
En cuanto a las pensiones ya existentes, el decreto señala que deberán ajustarse al nuevo límite si no están dentro de las excepciones. Sin embargo, también aclara que “los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se conservarán en los términos en que fueron reconocidos”.
¿Qué sigue tras la entrada en vigor de la reforma?
Con la implementación de esta medida, tanto el Congreso de la Unión como los congresos estatales tendrán un plazo de hasta 90 días para armonizar sus leyes con lo establecido en la reforma.
Asimismo, se establece que cualquier gasto derivado de estos cambios deberá cubrirse con los recursos ya asignados en los presupuestos públicos, sin contemplar partidas adicionales.
El decreto fue firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, formalizando así su entrada en vigor.
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