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Medio ambiente.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó una propuesta de nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la intención de actualizar el marco ambiental del país y fortalecer la prevención, la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental.
La iniciativa busca responder a los retos ambientales actuales mediante nuevas herramientas para ordenar el territorio, proteger los recursos naturales y promover un modelo de desarrollo más sustentable.
¿Qué busca cambiar la nueva ley ambiental?
Uno de los principales objetivos es pasar de una política enfocada principalmente en sancionar los daños ambientales a una estrategia que priorice la prevención.
La propuesta contempla que los grandes proyectos sean sometidos a una evaluación estratégica ambiental antes de su desarrollo, con el propósito de analizar de manera integral sus posibles impactos y evitar que los proyectos sean fragmentados para evaluar sus efectos por separado.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, también señaló que el nuevo ordenamiento pretende mejorar la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, particularmente en asuntos relacionados con el territorio y la zona marítimo-terrestre.
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¿Cómo busca fortalecer la justicia ambiental?
La iniciativa incorpora elementos del Acuerdo de Escazú, con énfasis en tres principios:
- Acceso a la información
- Participación ciudadana
- Acceso a la justicia ambiental.
Con ello, se busca que las comunidades tengan mayores posibilidades de conocer información relacionada con proyectos que puedan afectar su entorno y participar en las decisiones sobre el territorio y los recursos naturales.
¿Qué papel tendrá la economía circular?
Otro de los puntos planteados por Semarnat es el fortalecimiento de la economía circular, con la finalidad de avanzar hacia un modelo que reduzca el desperdicio y favorezca un mejor aprovechamiento de los recursos.
La propuesta forma parte de una visión que busca que la política ambiental no se limite a atender los daños una vez que ocurren, sino que incorpore medidas preventivas y mecanismos de participación para anticipar riesgos y proteger los ecosistemas.
La nueva legislación plantea así una actualización del marco ambiental mexicano, con mayor énfasis en la prevención, la participación social, el ordenamiento territorial y la justicia ambiental.
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