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Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su lista de personas con cuentas bloqueadas a Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa, en el periodo de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia definitiva, así como al empresario Jorge Armando Lizárraga Angulo y a varias compañías en las que ambos aparecen como socios.

Velarde Cárdenas, conocido como ‘El Pity’, ocupó distintos cargos relacionados con el sector turístico durante el gobierno de Rocha. Fue subsecretario de Turismo, encargado del despacho de esa dependencia, para después ser secretario de Economía, puesto que dejó en octubre de 2025.

Su salida ocurrió después de la desaparición de un joven originario de Durango en un bar de Mazatlán del que Velarde es copropietario.

El exfuncionario recurrió a la vía judicial el pasado 25 de agosto para litigar su incorporación a la lista de personas bloqueadas. Este lunes, un juez federal en la Ciudad de México determinó que no le corresponde conocer el asunto y ordenó remitirlo a los juzgados federales de Sinaloa.

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¿Qué empresas están involucradas en los juicios?

El bloqueo también alcanzó cuentas relacionadas con compañías en las que Velarde y Lizárraga figuran como socios. Entre ellas se encuentran Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV).

Las sociedades fueron creadas antes de que Velarde asumiera responsabilidades públicas en Mazatlán y posteriormente en el gobierno estatal. Su trayectoria empresarial está relacionada principalmente con los sectores restaurantero, turístico e inmobiliario.

Grupo Veliiz participa en el desarrollo inmobiliario de Mazatlán y es propietario del proyecto Akoya Sky Living, ubicado sobre el malecón. El complejo contempla una torre de 30 niveles, con espacios destinados a un hotel de 135 habitaciones y 75 departamentos.

Por su parte, OPV corresponde a la razón social del restaurante El Muchacho Alegre, establecimiento que en abril pasado fue blanco de un ataque con un artefacto incendiario.

Tanto Velarde como Lizárraga y algunas de las empresas relacionadas han iniciado procesos de amparo para impugnar las medidas adoptadas por la UIF.

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¿Qué han resuelto hasta ahora los jueces?

Los recursos judiciales avanzan por distintas vías. En el caso de Lizárraga, quien también presentó su demanda el 25 de agosto, una jueza federal solicitó el pasado 4 de septiembre que precisara algunos aspectos de su escrito antes de decidir si admite el amparo.

En cuanto a las empresas, el panorama tampoco es uniforme. Este lunes, un juez federal negó a Operadora de Bares Veliz la suspensión provisional que buscaba dejar sin efecto temporalmente el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El juzgador sostuvo que, dadas las facultades de la UIF para investigar operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita, no correspondía conceder la medida cautelar solicitada.

“En el caso particular no es posible conceder la suspensión provisional, pues tomando en consideración que la UIFF, según la quejosa, ordenó en bloqueo de su cuenta bancaria, debe tenerse en cuenta lo que disponen los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo”, detalló el juez.

“Dado que la autoridad responsable ordenadora es el organismo que tiene a su cargo la investigación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero, este juzgado considera que no es procedente conceder la suspensión provisional, dado el mandato expreso de la Ley de Amparo”, añadió.

Otro de los litigios corresponde a El Muchacho Alegre del Pacífico Norte. Su recurso fue remitido a juzgados federales de Tijuana, ciudad donde se encuentra ubicado el establecimiento que comparte la denominación comercial.

Con información de ‘Reforma’

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