Mazatlán, Sinaloa.- El Juez Tercero de Distrito concedió al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, y presidente del Consejo Universitario, la suspensión definitiva al amparo interpuesto en contra de la aplicación de Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, que se suma a las 15 suspensiones definitivas y 78 provisionales que ya se habían concedido.
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Durante el evento de firma de Convenio con Unidades Receptoras de Prácticas Profesionales en la ciudad de Mazatlán, y previamente en entrevista con medios de comunicación locales, el rector informó de la resolución del Juez de la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que se impidan las consecuencias de las normas reclamadas en la esfera jurídica de la parte quejosa, correspondiente al Artículo 3ro, párrafo III y IV, artículo 19 y 51 fracción VIII, artículo 59 y 69 fracciones IX y X, de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.
Señaló que los diputados salen todos los días a los medios de comunicación a distorsionar lo que realmente está pasando, pero indicó que la verdad se puede consultar en los tribunales federales.
Además mencionó que se cuenta con una Contraloría Social integrada por representantes de Gobierno del Estado, del Congreso, padres de familia y sectores productivos y profesionistas quienes auditan los recursos.
Madueña Molina enfatizó que dicha resolución demuestra que la Universidad siempre ha comunicado la verdad con la evidencia en mano, sin hacer actos mediáticos
Dijo que seguirán respetando el estado de derecho, y creeran en la justicia federal y para hacer lo que ellos ordene, por buscando trabaja de manera tranquila, armónica”, manifestó.
El abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, detalló que la resolución del juez tiene como efecto que se ordene al Congreso de Estado que no puede convocar ni organizar consultas en la UAS para modificar la Ley Orgánica, ni obstaculizar la administración de recursos económicos a la Universidad, y tampoco puede emitir orden de comparecencia al rector, y se ordena a las autoridades responsables no emitir actos que afecten la vida interna universitaria y que no denosten la honorabilidad de la universidad ante los medios de comunicación, así como evitar hacer cualquier medida, diligencia o requerimiento sobre los ingresos propios de la Casa Rosalina.