Ciudad de México.- Este lunes, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio un reporte de Sonia Vargas, quien recién fue incorporada al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial, mientras está siendo investigada por posibles irregularidades cometidas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El funcionario informó que Vargas es la responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares, durante los dos periodos anteriores, en lo que consideró una “trama de corrupción” bajo la gestión de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, enjuiciado en Estados Unidos.
En estos contratos, también están implicados exfuncionarios de la Policía Federal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes son parte de la demanda que presentó el gobierno federal, con la intensión de recuperar 700 millones de dólares, resultado de operaciones ilícitas y presuntamente ligadas con lavado de dinero, esto ante un Tribunal de Florida.
Gómez explicó que dicha denuncia está detenida por una apelación del equipo de defensa de los acusados, quienes cuestionan la competencia del tribunal en cuestión, lo cual deberá resolverse en lo sucesivo.
Entre los imputados el funcionario destacó, a Rodrigo Esparza, quien fue comisionado de la Policía Federal; Humberto Martínez, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal; Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, y Luis Cárdenas Palomino, quien fuera mano derecha de García Luna.
Mientras que, en la administración de Peña Nieto, se denunció a Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
El titular de la UIF, resaltó que, gracias a los montos indicados, la acusación va más allá de irregularidades en el desempeño de un servidor público, es un “gigantesco mecanismo de succión de dinero público, ronda en 700 millones de dólares, que es una cantidad muy grande”.
“México ha acudido a tribunales civiles de Florida donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y dinero para que sea restituido” al país.
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