cesar ismael guerrero alarcon diputado

Culiacán, Sin.- El diputado César Ismael Guerrero Alarcón, busca que se modifique el Código Penal del Estado de Sinaloa, con el objetivo de tipificar como un delito de robo el acto de apropiación de vehículos arrendados, añadiendo nuevos artículos al marco legal estatal.

La iniciativa responde a una solicitud planteada por arrendadores de vehículos en el norte, centro y sur del estado, quienes desde noviembre habían manifestado la necesidad de robustecer la legislación para proteger sus negocios y bienes.

El diputado manifestó, que el robo de vehículos de arrendamiento no está debidamente tipificado, ya que al existir un contrato de por medio, no se consideraba un delito grave. Con esta modificación, el robo de un automóvil arrendado se clasificaría como robo calificado, lo que permitiría imponer penas más severas para los responsables de 5 hasta 20 años de prisión, dependiendo de la magnitud del robo, si se utilizó el vehículo para cometer actos ilícitos como el transporte de drogas o cometer asaltos.

“Muchas veces la gente, al momento de tener un arrendamiento de un vehículo, un cliente agarra el carro puede hacer actos ilícitos, o se puede robar el carro simple y sencillamente no, y esto todos los, ahora sí que todos los arrendadores que se dedican a este tipo de negocio, pues de tanto del norte, centro y sur nos plantearon desde noviembre más o menos el hecho de poder calificar esto para poderlo robustecer, y que es algo que se venía planteando desde otras entidades”, señaló.

La propuesta busca armonizar la legislación local con prácticas que ya se están implementando en otros estados del país, como Sonora y Quintana Roo, donde el robo de vehículos de arrendadora ya está penalizado de manera similar.

Guerrero Alarcón explicó que la modificación es crucial para garantizar la seguridad en el sector de arrendamiento de vehículos, especialmente en ciudades como Mazatlán, donde este tipo de delitos se ha incrementado.

Además, el diputado destacó que la propuesta no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas, ya que busca evitar que los costos de seguros para los arrendadores se eleven, debido a la falta de tipificación de este delito. También subrayó la importancia de contar con un marco normativo claro para que las autoridades, como la Fiscalía, puedan actuar de manera más eficiente en la resolución de estos casos.

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