
Culiacán, Sin.- Por el delito de ejercicio indebido de la función pública, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, luego de que la Auditoria Superior del Estado detectara el arrendamiento irregular de 126 patrullas con un costo de 171 millones 451 mil 932.40 pesos a la empresa Grinleasing, SAPI de CV, en una clara violación de la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa, de la que tomó nota también el Tribunal de Justicia Administrativa.
La auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, detalló que dicho expediente se remitió desde el año pasado, cuando se advirtió la posible comisión de un delito, observación que no pudo solventar el gobierno del Gerardo Vargas Landeros.
“En este caso, la adquisición que se da por parte del Ayuntamiento se trata de unas patrullas, en el que se decide, obviamente es un monto superior a los 100 millones de pesos, se excepciona el Ayuntamiento en una emergencia, que de acuerdo al análisis que realiza el personal auditor, pues no pudo, o no está debidamente justificada”.
Félix Rivera fue enfática en señalar que el Ayuntamiento de Ahome no pudo justificar el caso de “emergencia” para la compra de dichas patrullas, que en muchas de las ocasiones son considerados como casos de excepción a la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa.
“Insisto, hay un plazo para atender esa observación, ese resultado, no fue suficiente la respuesta que dio el Ayuntamiento de Ahome, por lo tanto, pasa al área jurídica y por lo tanto dice, se investigará la comisión de una falta administrativa grave y se remitirá al tribunal y en ese caso hay una posible comisión de delito, váyase también a la Fiscalía.”
La titular de la ASE dejó claro que dicha denuncia no va dirigida en si al alcalde Gerardo Vargas Landeros, sino a todo su Comité de Adquisiciones.
“Bueno, quien realiza en todos los entes las adquisiciones, pues el Comité de Adquisiciones, debe haber un requerimiento del área que necesita ese bien, o ese servicio, y debe haber autorizaciones, quiénes eran, pues los que de la investigación resulten responsables, no va dirigido a ningún funcionario público.”
La flotilla de unidades estaba conformada por motocicletas, cuatrimotos, camionetas tipo pick up y automóviles, mismas que fueron asignadas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
