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Culiacán, Sin. – La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, representada por Wendy Barajas Cortés, fijó un posicionamiento en el que señaló que se condena de manera enérgica la extinción de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa (CEAIP), votado en el Congreso del Estado el pasado jueves 18 de diciembre del 2025.
¿Por qué se realizó esta crítica enérgica a la reforma aprobada por mayoría, el pasado jueves 18 de diciembre?
En conferencia con medios de comunicación, y acompañada de militantes del blanquiazul, entre ellos la diputada Roxana Rubio Valdéz, la presidenta del PAN en la entidad acusó que los representantes de Morena, y de los partidos aliados como el PVEM y PT, votaron a favor de lo que a todas luces es un retroceso en cuanto a la transparencia del ejercicio de recursos públicos.
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Criticó Barajas Cortés el apoyo a una iniciativa que envió el gobernador Rubén Rocha Moya, y que ni siquiera fue presentada a los diputados, luego de la aprobación del dictamen, por lo que señaló que desde el partido que tiene la mayoría, están empeñados en acabar con la democracia que tanto ha costado en la historia del país.
En Acción Nacional condenamos enérgicamente que por mayoría morenista se haya aprobado la iniciativa impulsada por el gobierno del estado para desaparecer la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, y transferir sus funciones a instancias de control interno de gobierno”, condenó.
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¿Qué papel jugó en esta votación, el grupo parlamentario del PAN?
La dirigente estatal de Acción Nacional argumentó que, al momento de la votación, la diputada y el diputado panistas votaron en contra, como lo hicieron los otros grupos parlamentarios de oposición, porque coinciden en que no se debió desaparecer un organismo que era vigilante y garante de la correcta función de los entes que manejan recursos públicos del Estado.
¿Qué constituye esta reforma que ya fue aprobada en el Congreso de Sinaloa?
Se trata de una reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa con el objetivo de optimizar y fortalecer la capacidad del Estado para tutelar y garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Como parte central de la propuesta, se contempla desaparecer la CEAIP y transferir sus funciones a la Secretaría del Ejecutivo Estatal encargada del control interno, así como a los órganos internos de control de los poderes Legislativo y Judicial, y de los organismos autónomos.
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De acuerdo con el planteamiento, estas instancias serán las responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, bajo un nuevo esquema institucional que, según la iniciativa, busca mayor eficiencia administrativa y alineación con el sistema de control interno del Estado.
