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Mazatlán, Sinaloa.- Para el Colegio de Abogados “Genaro Estrada” de Mazatlán, Sinaloa, tanto México como Estados Unidos tienen los instrumentos legales necesarios para regular cualquier proceso de investigación y extradición para hacer entrega de connacionales, y en ese mismo sentido, de acuerdo al derecho internacional, se cuenta con la presunción de inocencia para que los señalados muestren sus pruebas y deslindarse de culpabilidades.
Así lo manifestó el presidente de dicho gremio litigante, Martín Morales Acuña, quien detalló que, de acuerdo al Estado de Derecho en México, la Constitución tiene el poder de regular la situación de aquellos servidores públicos que son señalados por presuntos actos ilegales tanto al interior como exterior del país.
En ese sentido, y en relación al involucramiento de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso del gobernador, Rubén Rocha Moya, servidores públicos en funciones y otros que ya no lo están, los Artículos 108 y 111 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser tomados en cuenta en este momento para saber si los señalados aplican el fuero que por ley tienen o bien, que desde la legislación apliquen el desafuero para dar pie a un proceso contundente de pruebas e investigaciones contra los implicados.
“Entonces a partir de aquí, ya queda en la conciencia o moral de cada uno de los involucrados si se apartan o no de sus cargos públicos, ¿por qué?, porque la propia Constitución los tiene protegidos con el famoso fuero, hay que someterlos a desafuero para que sean sometidos obviamente en esta investigación. No con esto estamos diciendo que son culpables o inocentes, es el proceso que se tiene que llevar a cabo, pero si hablamos de ética, lo más correcto es que soliciten una licencia y se sometan a cualquier tipo de investigación, que en este caso es la Fiscalía General de la República lo requiera, y así estar ellos aptos para proporcionar o deslindarse de cualquier culpabilidad”, explicó el abogado.
Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil
¿Qué pasa con los que no son servidores públicos?
Morales Acuña puntualizó que dentro de los 9 implicados más en el caso del señalamiento contra el gobernador, Rubén Rocha Moya, hay personas que no están en el servicio público actualmente, por lo que la Fiscalía General de la República deberá actuar en su debido proceso como cualquier ciudadano mexicano más, pues solo el gobernador, el Senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, gozan del denominado “fuero” y les garantiza seguir en funciones.
¿Qué información dio la Fiscalía General de la República el miércoles 29 de abril?
Cabe recordar que el vocero de la FGR, Ulises Lara López, el día miércoles 29 de abril aseguró que la solicitud de extradición no viene acompañada de pruebas contundentes sobre los vínculos de los morenistas con el Cártel de Sinaloa, y afirmó que la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida.
Finalmente, señaló que la legislación mexicana refiere que es necesario retirar la inmunidad procesal en el caso de gobernadores y senadores para poder ser detenidos por cargos que les imputen.
