Mazatlán, Sinaloa.- El Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Sinaloa advirtió este jueves 16 de julio que el pago cercano a los 17 millones de pesos que deberá realizar el Ayuntamiento por el litigio relacionado con el Club Venados no debe quedar únicamente en una afectación al erario, sino que también debe derivar en responsabilidades administrativas para los exfuncionarios que tomaron las decisiones que originaron el conflicto en 2018.
En conferencia de prensa el presidente de la organización, Gustavo Rojo Navarro cuestionó que, una vez más, sean los ciudadanos quienes absorban las consecuencias económicas de errores cometidos por autoridades municipales.
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Señaló que la legislación en materia de responsabilidades administrativas contempla mecanismos para recuperar recursos públicos cuando se acredita que un servidor público actuó de manera indebida, pero lamentó que dichos procedimientos rara vez se aplican.
La propia Ley de Responsabilidades Administrativas prevé que se puede recuperar ese recurso yéndote en contra de quien hizo mal las cosas, el detalle es que no se actúe en contra de quien hizo mal las cosas. Tenemos el caso Nafta, ¿quién fue el responsable del caso Nafta? Todos están acomodados en el gobierno, todos están trabajando en el gobierno, sin embargo nadie hizo nada en contra de ellos. Nosotros presentamos la denuncia y la estamos peleando por el tema de la prescripción, pero la prescripción también es muy clara, la Ley dice a partir de cuándo empieza a correr la prescripción y no está prescrito, ¿por qué? Porque fue un caso recurrente”, expresó.
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¿Quién debe responder por el daño al patrimonio municipal?
Rojo Navarro consideró que las autoridades actuales deben investigar quiénes ordenaron las acciones que derivaron en la condena económica contra el Ayuntamiento, en lugar de limitarse a cumplir con el pago de la resolución judicial.
Afirmó que la sanción económica, integrada por indemnizaciones y actualizaciones, ya ronda los 17 millones de pesos y será cubierta con recursos públicos, afectando directamente las finanzas municipales.
Desde Observatorio pues vamos a documentar el tema también, porque pues alguien tiene que alzar la voz y poner la denuncia que se tenga que poner, desafortunadamente como les comento, el acceso a la información está muy limitado, estamos descubriendo nuevas formas de negación de información y esperemos y en este caso en específico no nos nieguen la información, para poder estar en condiciones de denunciar a quien tuvo la culpa”, manifestó.
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¿Por qué preocupa este nuevo pago del Ayuntamiento?
El organismo sostuvo que cada año el gobierno municipal contempla partidas presupuestales para atender demandas y litigios, recursos que, señalaron, podrían destinarse a obras o servicios para la población si existiera una adecuada defensa jurídica y una evaluación oportuna de los riesgos.
También criticó la falta de información pública sobre el seguimiento de los procesos legales y cuestionó que las áreas jurídicas del Ayuntamiento no informen con claridad el estado de los litigios.
Finalmente, el Observatorio anunció que buscará documentar el caso y promover las acciones legales correspondientes para que se determine si existen responsabilidades administrativas o patrimoniales de quienes participaron en las decisiones que originaron el conflicto.
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