Culiacán, Sin.- El juez de control Carlos Alberto Herrera vinculó a proceso y separó del cargo por tercera ocasión a Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y los integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, por el delito desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, derivado de la contratación irregular de obra pública.
La Fiscalía había expuesto que durante el periodo 2021 y 2022 se realizaron una serie de obras de manera irregular, por un monto superior a los 20 millones de pesos, correspondiente a demoliciones, trabajos en paredes de tablaroca, falsos plafones, instalación de cancelería, portones y ventanas e impermeabilización, entre otros trabajos en diversas unidades de UAS.
La adquisición de obras se realizó a Arquitectos Constructores de Sinaloa SA DE CV, de Nacer Augusto Sánchez López en los períodos 2021, con una inversión de 10 millones 898 mil 756.63 pesos, y 2022, con una inversión de 10 millones 65 mil 506.40 pesos.
La Fiscalía señaló que todas estas obras se realizaron por adjudicación directa, cuando debieron haberse licitado, debido a que supera los montos máximos que señala la ley.
En la reanudación de la audiencia, los defensores de los universitarios señalaron que no todas las facturas habían sido pagadas y, de acuerdo con el propio perito de la Fiscalía solo se habían erogado 3 millones 675 mil 621.97 pesos, correspondiente a 2021, y 4 millones 231 mil 893.34 pesos, del periodo 2022, además que las obras no excedían el monto máximo de adjudicación directa.
Además, señalaron que la Ley Orgánica de la UAS establece que el Consejo Universitario es el órgano facultado para interponer este tipo de demandas y ningún Universitario facultó o autorizó que se interpusieron alguna demanda.
Argumentaron que los recursos no eran de carácter estatal y solo la Auditoría Superior de la Federación era la competente para realizar la auditoría.
Además que al no ser un órgano centralizado de gobierno, los trabajadores de la UAS, no eran considerados servidores públicos, por lo tanto no pudieron haber cometido un delito exclusivo de esta figura.
Los abogados de los imputados denunciaron que la Fiscalía estuvo proporcionando datos incompletos de manera dolosa y flagrante para evitar el esclarecimiento del hecho.
En respuesta, La Fiscalía contraargumentó que los recursos eran de carácter estatales ya que se contaba con los registros de los depósitos que realizó gobierno del Estado de Sinaloa a la UAS y de la misma cuenta en la que recibieron el recurso pagaron las obras.
Señaló que, de acuerdo con la ley, el simple hecho de manejar recurso público convierte a los trabajadores de la UAS en servidores públicos.
Puntualizó que las obras fueron fraccionadas para exentar la licitación y esto violentó los principios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, afectando al servicio público y en perjuicio del patrimonio de la Casa Rosalina.
Tras la discusión el juez de control vinculó a proceso a los imputados y determinó como medidas cautelares la separación del cargo de Jesús Madueña Molina, Héctor Melesio Cuen Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio y Salvador Pérez Martínez, dejando exento de esta medida a Oscar Orlando Guadrón, quien se jubiló el año pasado.
Además deberán presentarse a firmar cada 30 días a la Unidad de Medidas Cautelares y no salir del país sin el permiso del juez.
Por último, dio un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaría.
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