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Una redada migratoria en la planta de baterías de Hyundai, ubicada al oeste de Savannah, Georgia, resultó en la detención de 475 trabajadores, de los cuales más de 300 eran ciudadanos surcoreanos.
La operación fue ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se considera una de las más grandes en la historia reciente de Estados Unidos.
Según el abogado de inmigración Charles Kuck, muchos de los detenidos contaban con visas B-1 de visitante de negocios, que permiten realizar tareas especializadas como instalación de equipos o capacitación técnica, pero no trabajos manuales o permanentes.
Los trabajadores surcoreanos eran ingenieros e instaladores enviados para poner en marcha la planta, parte de una inversión conjunta entre Hyundai Motor y LG Energy Solution.
La empresa ha sido acusada de abusar de las reglas laborales, al emplear personal extranjero bajo esquemas migratorios que no permiten trabajo directo.
Hyundai respondió que los detenidos no eran empleados directos, sino subcontratistas, y que la compañía cumple con todas las leyes aplicables.
La redada también afectó a trabajadores de México, Guatemala, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, algunos de los cuales tenían permisos vigentes o estaban en proceso de regularización.
El gobierno de Corea del Sur expresó su “profunda preocupación” y envió una delegación diplomática para gestionar el regreso de sus ciudadanos.
El caso ha encendido el debate sobre el uso de visas temporales en proyectos industriales y la presión migratoria bajo el gobierno de Donald Trump, que ha endurecido la aplicación de leyes laborales y migratorias.
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