Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que se envió un decreto para clasificar como seguridad nacional y de interés público, el Tren Maya y otras obras del gobierno federal, horas después de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidara el decreto presidencial de 2021, con el mismo propósito, de que las obras prioritarias se denominaran de seguridad nacional.
Esto no para ‘burlar’ el fallo de la SCJN, sino que son decretos diferentes, detalló.
“Ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región, sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, en una zona de seguridad nacional y de interés público”, señaló en conferencia ‘mañanera’.
López Obrador rechazó que el decreto no evita que no se vaya a poder informar al respecto.
“Dicen es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya, porque hay negocios, porque hay corrupción, ¡no! No somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, explicó.
“Que se reserve como de seguridad nacional o de interés público, no significa que no se va a informar… pero engañaron y como hay mucha gente que tiene ganas que le digan mentiras en contra de nosotros (sic) no hay ninguna disposición legal para negar información”, comentó.
“Pero si tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intensión, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo”, destacó.
El mandatario federal acusó que los amparos que se están interponiendo en contra de estas construcciones y obras, están financiadas por Estados Unidos.
“Los que están promoviendo los amparos de todas estas obras, están recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos”
AMLO afirmó que esto se puede comprobar, pues existe un despacho de la organización de Claudio X. González, en donde están (Fernado) Gómez Mont, (José Ramón) Cossío, un abogado de apellido Carvajal, y otro legalista que “ha presentado todos los amparos”.
Cuestionado más tarde si este nuevo decreto tiene el objetivo de “burlar lo que aprobó la corte”, el jefe del Ejecutivo, explicó que es diferente.
“Es distinto porque aquello era para la construcción de las obras, como metían y metían amparos para que no avanzáramos, con ese decreto se podía avanzar y así avanzamos”, expuso.
“Ahora ya es para que todo sea de seguridad nacional, aun cuando ya está prácticamente por terminarse la obra”, añadió.
“Pero si es protegernos de una acción arbitraria (sic) con propósitos políticos”, manifestó.
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