Mazatlán, Sinaloa.- El Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán alzó la voz por lo que considera un desorden creciente en las playas del puerto y por presuntas irregularidades en la modificación del contrato de arrendamiento del Acuario Mazatlán, al advertir afectaciones al interés público y a las finanzas municipales.
La presidenta del albiazul en el puerto, Nadia Haydee Vega Olivas, señaló que en la zona federal marítimo-terrestre se ha permitido la instalación de restaurantes y estructuras que afectan el libre tránsito, la recreación de bañistas y la imagen turística del destino.
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¿Qué está ocurriendo en las playas de Mazatlán?
Vega Olivas afirmó que existe una responsabilidad compartida entre autoridades federales y municipales por permitir construcciones que, dijo, vulneran el carácter público de las playas.
En ese sentido, mencionó que se ha exigido la revisión inmediata de todas las concesiones otorgadas, verificar que cuenten con sustento legal, técnico y ambiental, y retirar aquellas que se encuentren fuera de la ley.
Aquí hay una responsabilidad compartida, por un lado las autoridades federales como Semarnat y Profepa, encargados de vigilar la zona federal marítimo-terrestre, y por otro lado el gobierno municipal que otorga permisos de construcción y funcionamiento. Exigimos la revisión inmediata de todas las concesiones otorgadas en la zona federal, segundo; que se verifique que dichas concesiones estén debidamente acreditadas”, dijo.
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¿Por qué el PAN cuestiona el contrato del Acuario Mazatlán?
En un segundo tema, la dirigente manifestó su desacuerdo con la modificación del convenio de arrendamiento entre el Ayuntamiento y los operadores del nuevo Acuario Mazatlán, así como con la condonación de intereses y penalizaciones por incumplimientos de pago.
Explicó que el contrato original establecía un arrendamiento a 15 años por un monto mensual superior, el cual fue reducido sin que, aseguró, se haya presentado públicamente un avalúo técnico actualizado que justifique dicha disminución. También cuestionó la cifra oficial de intereses condonados, al considerar que el monto real podría ser mayor.
Más allá de las cifras, el fondo del asunto es claro, que estas decisiones afectan directamente las finanzas municipales, reducen ingresos que podrían usarse en obras y servicios públicos y compromete la capacidad del ayuntamiento para atender las necesidades más urgentes de Mazatlán”, agregó.
Vega Olivas agregó que este tipo de decisiones impactan directamente en los ingresos municipales, recursos que podrían destinarse a obras y servicios públicos, por lo que exigió transparencia total, publicación del avalúo y una corrida financiera detallada.
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